La convocatoria del Plan de Empleo Social elaborada por el gobierno municipal incumple las directrices marcadas por la Junta de Extremadura para la realización de estas convocatorias, al impedir que se presenten a este proceso selectivo más un miembro de la misma unidad familiar, una circunstancia que en ningún caso está contemplada en el decreto dictado por la Junta de Extremadura.
El requisito expuesto por el gobierno municipal no solo es contrario a la normativa autonómica, sino incluso a la propia constitución española, que en su artículo 23.2 consagra el derecho de todos los españoles en el acceso al empleo público.
La regulación municipal a este respecto supone una vulneración de principios fundamentales, y una chapuza de primer orden, como viene siendo habitual en los distintos procesos dirigidos por la delegación de personal, que obvia continuamente las premisas legales más elementales para hacer y deshacer a su antojo, sin consideración alguna hacia principios tan elementales como la legalidad, o la decencia.
La incompetencia técnica y política que caracteriza las diferentes procesos que resuelve esta delegación han convertido los procesos de selección en una farsa que tan solo consigue desprestigiar aún más el papel del Ayuntamiento frente al conjunto de los vecinos de nuestra ciudad.
La delegación de personal no ha tenido mejor idea que la de limitar el acceso de cualquier vecino a un plaza de entre las que se convocan en este proceso selectivo por el mero hecho de que un familiar también obtenga un puesto de trabajo en la misma, haciendo caso omiso de los principios generales que deben regir cualquier proceso de selección público, lo que por otra parte no supone precisamente una novedad.
Por todo ello, instamos al señor alcalde a que tome la determinación necesaria para adecuar este proceso selectivo a las normas vigentes, y a quien, en última instancia hacemos responsable de esta situación, dado el calado y la reiteración en las irregularidades y chapuzas que caracterizan los distintos procesos selectivos que se han venido desarrollando en los últimos años en el Ayuntamiento de Mérida, más propios de un cortijo que de una administración pública.
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