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Izquierda Unida-Mérida acusa a la delegada de festejos de manipular el desarrollo del concurso del cartel de Carnaval en favor del cartel ganador, a pesar de que incumplía las bases reguladoras del concurso.

La delegación de festejos a otorgado el premio del concurso para la selección del cartel de los Carnavales de 2019 a pesar de la reclamación interpuesta por una de las candidatas, que ha aducido que el cartel ganador incumplía las bases del mismo debido a un error tipográfico en el cartel que finalmente ha sido seleccionado como ganador.

Según la contestación de la delegación del Festejos, el propio Ayuntamiento ha optado por alterar el contenido del cartel ganador para que así cumpliera las bases reguladoras del mismo, aduciendo que el error “no altera la composición y originalidad de la obra”, en lugar de determinar la descalificación del mismo debido al incumplimiento de las bases que lo regulan.

Resulta evidente que la contestación por parte de la delegación de festejos supone el reconocimiento por parte de la delegada de la alteración de las condiciones con las que el cartel ganador fue presentado en un momento inicial, aunque supusiese un incumplimiento de las bases.

La actuación del Ayuntamiento en la selección del cartel ganador implica que el ayuntamiento ha decido adoptar una decisión absolutamente arbitraria a costa de la vulneración de los derechos del recurrente, y aduciendo argumentos legales que tan solo pueden ser calificados como una manipulación absoluta de la normativa vigente.

Más allá del acierto o corrección de los argumentos aducidos por la reclamante, resulta inaudito que la administración municipal se muestre dispuesta a manipular una de las propuestas incluidas en un concurso público, con el objeto de que ésta resulta ganadora, sin atender a de cualquier otro tipo de consideración.

Finalmente, resulta llamativa la paupérrima calidad técnica de las bases reguladoras del concurso en las que ni siquiera se califica la naturaleza del bases, no se identifica a la autoridad que las convoca, no se identifican a los miembros del tribunal, ni se hace mención al régimen regulador el concurso, o los medios, los plazos de impugnación o el órgano ante los que los candidatos pueden hacer valer sus derechos que -por otra parte- parece claro que el Ayuntamiento no está dispuesto a proteger ni garantizar.

Por todo ello, entendemos que el comportamiento de la delegada ha sido lamentable, dadas las muestras de arbitrariedad de la que ha hecho gala, a la vez que se pone de manifiesto la falta de relevancia que el ayuntamiento otorga a este tipo de concursos y a su organización que efectivamente, deja mucho que desear.

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