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En el texto propuesto por Izquierda Unida se pretende principalmente garantizar el procedimiento de acceso y la prestación de estos servicios como derecho de los usuarios, regulando también la intensidad y las condiciones en las que se ha de prestar la ayuda a domicilio.

En la actualidad existe una ordenanza fiscal que regula el pago que los usuarios y las usuarias realizan por el servicio de ayuda a domicilio, pero no existe una norma municipal que ordene cómo se accede y en qué condiciones se desarrolla, por lo que desde IU consideramos que existe una cierta indefensión de los usuarios y las usuarias que no pueden reclamar este derecho y quedan a expensas de unos criterios no siempre objetivables.

Además con esta ordenanza se pretende también evitar duplicidad de servicios con la Junta de Extremadura para hacer más eficiente el ya prestado por el Ayuntamiento y poder proporcionar una mayor calidad asistencial.

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