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Izquierda Unida-Mérida solicita al delegado de personal del Ayuntamiento que haga público los motivos que han provocado los retrasos en el abono de alguno de los complementos de la nómina que perciben los auxiliares de ayuda a domicilio adscritos a la delegación de Servicios Sociales.


El personal que ejerce estas funciones no percibe el importe total de su nómina desde comienzos de año, debido a que uno de sus complementos salariales no se ha abonado en su totalidad en ninguna de las mensualidades correspondientes a los años 2009 y 2010, por lo que la cantidad adeudada en ya en el mes de enero se ha visto multiplicada por once, incluidas las pagas extras, a estas alturas del año. Por lo que supone una deuda acumulada de unos 780€ por empleado afectado.

Desde aquí, recordamos que los gastos del personal incluidos en la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento tienen carácter finalista, por lo que deben estar contemplados en el presupuesto en su totalidad, y además no está permitida su utilización para satisfacer ningún otro tipo de gasto.

Así, entendemos que la falta de pago de parte de las retribuciones del personal municipal, puede suponer un incumplimiento grave de la legislación vigente en materia de presupuestos, así como de personal, o en todo caso, un ejemplo preocupante de mala gestión desde la delegación de personal del Ayuntamiento de nuestra ciudad. 

En este sentido, no debemos olvidar que situaciones similares se vienen produciendo en el Ayuntamiento a lo largo de todo el año, lo que evidentemente pone de manifiesto la ineficacia en la gestión de las nóminas de los empleados municipales.

En nuestra opinión, el hecho de que circunstancias como la señalada se repitan sin solución, supone una mala muestra de la sensibilidad de los responsables municipales hacia la situación y los derechos del empleados públicos que desempeñan sus funciones el Ayuntamiento.

Por todo ello, instamos al equipo de gobierno a que aclare cada una de estas circunstancias, y en su caso, adopte las medidas correspondientes para restituir los derechos económicos de los funcionarios afectados.

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