Izquierda Unida-Mérida considera que la solución algunos de los problemas que sufren los vecinos de la urbanización La Calzada requiere la ejecución subsidiaria de las obligaciones de la constructora por parte del Ayuntamiento.
El artículo 95 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de diciembre, faculta a las administraciones públicas para ejecutar por si mismas las obligaciones incumplidas por terceros a costa de los bienes y patrimonio de los mismos, por lo que la situación de abandono y falta de limpieza en que se encuentra algunos solares de la mencionada urbanización podría solucionarse en el momento en el que el Ayuntamiento acudiera a los mecanismos que le reserva la ley.
La ley del suelo de Extremadura, obliga a las empresas constructoras a depositar una fianza del 7% del coste de la obra para que tenga lugar la aprobación del consiguiente proyecto, por lo que en vista de los incumplimientos en los que recae la actuación de las constructora y de los distintos propietarios del suelo afectado, el Ayuntamiento dispone de los mecanismos legales para llevar a cabo la limpieza y mantenimiento de los terrenos afectados a cuenta de la fianza depositada, y del patrimonio de los posibles propietarios del suelo.
En este sentido, debemos recordar que la existencia de una fianza en depósito adquiere su sentido en circunstancias como las que están sufriendo los vecinos de la zona en estos momentos, por lo que la no ejecución de la misma tiene difícil explicación.
En otro orden de cosas, resulta llamativo que las autoridades municipales no hayan recepcionado las zona afectada cuando se encuentra habitada hace al menos un año, y que por tanto se permita el uso de las viviendas cuando la zona no está debidamente dotada.
Por todo ello, entendemos que si bien el Ayuntamiento no ha recepcionado la urbanización, dispone de elementos legales suficientes para afrontar las demandas de los vecinos, y hacer valer los responsabilidades y deberes de aquellos que han vulnerado la legislación vigente.
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