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Izquierda Unida-Mérida ha presentado alegaciones al anteproyecto de ley de Renta Básica de Extremadura, presentado elaborado por el gobierno del Partido Popular al considerar que no cumple los objetivos mínimos que debe perseguir una iniciativa de estas características.

Desde IU-Mérida, entendemos que la propuesta de renta básica, es un mero enjuage, que no aportará elementos sustanciales de mejora a la dramática situación de deterioro social que sufren decenas de miles de extremeños, sino que más bien vendrá a perpetuar las condiciones de exclusión que pretende evitar.

Las duras restricciones establecidas en el texto presentado, las cuantías ofrecidas y el bajísimo nivel de ingresos que se exige para poder disponer de esta prestación, ponen de relieve la actitud de criminalización que inspira el proyecto presentado por el partido popular, en el que se hace entrever la desconfianza y el temor hacia todos aquellos que sufren situaciones de desempleo y/o exclusión social.

Según el texto presentado, para percibir las prestaciones vinculadas a la denominada renta básica, los solicitantes, es decir el conjunto de los miembros de su unidad familiar, deben recibir ingresos menores que los que comporta la mencionada prestación, que el anteproyecto cifra en 372 €, una cuantía alarmantemente baja, que sólo alcanzaría cifras superiores de hasta 638 para aquellas familias de ocho miembros en las que todos sus miembros se encontraran en situación de desempleo y que no percibieran ningún tipo de ingreso, lo que dadas las pretensiones de una iniciativa que se presenta como un instrumento de inclusión social para los más desfavorecidos, resulta poco menos que un insulto a la dignidad de los futuros perceptores.

El texto propuesto hasta la fecha por parte del gobierno de Monago apenas llega a reproducir el sistema vigente en la actualidad para las familias en riesgo de exclusión social, que se sostiene sobre la figura de las AISES, como prestación económica absolutamente insuficiente  y de duración muy limitada, que en algunos casos llega incluso a ser más generosa  que el proyecto de “renta básica” que ha presentado el gobierno regional del Partido Popular.

En estos términos, baste señalar que algunos requisitos para la concesión de la renta básica, el periodo previo de empadronamientos es superior al establecido en la normativa que regula las prestaciones vigentes a fecha de hoy,  la temporalidad de la prestación es muy similar a las mismas, del mismo modo la continuidad de la prestación está sujeta al hecho de que durante seis meses no se perciban ingresos superiores a la cuantía de las que está dotada la prestación, y la posesión de cualquier bien -más allá de la vivienda familiar-, supone la exclusión del solicitante como preceptor de dicha ayuda.

Por todo ello, consideramos que el anteproyecto de ley de renta básica presentado por el partido popular es, además de un instrumento inútil, un ejercicio de desprecio y humillación para los parados de nuestra región, así como una mera tergiversación del propio concepto de renta básica, e instamos al gobierno del partido popular a que reconsidere los elementos sustanciales de su propuesta.



Fdo: Izquierda Unida-Mérida.



En Mérida, a 09 de febrero de 2012

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