Izquierda Unida-Mérida ha iniciado un procedimiento ante
la delegación competente en el servicio de agua, para que se restituya el
suministro de agua potable domiciliaria aquellas familias que hayan incurrido
en impago debido a la ausencia de ingresos.
La doctrina y los tratados
internacionales de los que forma parte el Estado español, com pueden ser el
Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o la Resolución 64/292, de 28
de julio de 2010, son algunos ejemplos de la abundantísima legislación que
contempla el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano, y que por
tanto obliga a los Estados firmantes a
garantizar su provisión al margen de cualquier otra consideración económica.
Esta circunstancia, junto con el
hecho de que los Tratados Internacionales validamente firmados por el Estado
español, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, y por tanto son de
aplicación directa, supone que la interrupción del servicio de abastecimiento
de agua potable domiciliaria a usuarios sin recursos económicos, carecen de
fundamentación legal.
Así, debemos señalar que la
propia ordenanza fiscal que regula esta cuestión establece que las exenciones y
bonificaciones con respecto al mencionado servicio se establecerán en función
de las leyes y los tratados internacionales (art. 7).
La falta de acceso al agua
corriente supone no sólo una vulneración del ordenamiento jurídico vigente, si
no que puede tener consecuencias en términos de higiene y salud pública para
los afectados, llegándose incluso a registrar algunos casos documentados de
sarna. Una circunstancia contraria a cualquier consideración vinculada a los
derechos fundamentales que protege nuestra constitución.
Para IU-Mérida, el hecho de que
familias sin recursos carezcan de agua corriente en sus casas debido a una situación de impago, supone una
vulneración de las premisas éticas que deben presidir la actuación de los
poderes públicos, y un atentado contra la dignidad de las personas.
Por todo ello, exigimos al equipo
de gobierno que de acuerdo con la legislación vigente en materia de derechos
humanos, asegure el acceso de las familias al agua en sus domicilios, al margen
de su capacidad económica, mediante la concesión de una prórroga para el pago
de la deuda, y previo informe y supervisión de los servicios sociales del
Ayuntamiento.
Fdo: Izquierda Unida-Mérida.
En Mérida, a 10 de
marzo de 2013.
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