El
anuncio de Fomento de Construcciones y Contratas por el que comunica su
intención de renunciar a continuar con la gestión de los servicios adjudicados,
no es más que una forma de presionar al Ayuntamiento.
El
anuncio de FCC de abandonar la gestión de los servicios municipales cuando
buena parte de ellos están a punto de concluir no es más que el enésimo
ejercicio de chantaje que ejerce esta empresa sobre la administración municipal,
tal y como ha ocurrido en anteriores ocasiones, lo que demuestra la falta de
escrúpulos de su dirección gerente, y todo ello de cara a la próxima apertura
de los correspondientes procesos de licitación que tendrán por objeto los
distintos servicios municipales que se encuentran bajo su gestión, y cuyo
alcance y notoriedad sitúan al Ayuntamiento en su situación de debilidad ante
actitudes como las que están protagonizando la empresa en estos momentos.
Las
razones aducidas por de FCC en cuanto al importe de la deuda municipal carece
de toda credibilidad debido a que tras la aplicación del Real Decreto 4/2012,
de 24 de febrero de pago a proveedores, que supuso la liquidación de la deuda
municipal con esta empresa a mediados del año pasado,
Debemos
añadir que según la información facilitada por parte de la Tesorería del
Ayuntamiento a Izquierda Unida, la corporación municipal carecía de deudas
significativas con FCC por la gestión de los servicios adjudicados a fecha del
7 de febrero de 2013, por lo que entendemos que el argumento de la deuda
municipal carece de base objetiva, no es más que una excusa ridícula y sin
fundamento.
Todo
lo anterior, se complementa con el hecho de que el aumento de la deuda
municipal con la empresa siempre ha supuesto un jugoso negocio para la misma,
debido a que a partir de los plazos estipulados en la legislación, la de deuda
produce intereses de demora que aumentan el volumen de dinero a percibir por la
empresa.
Además
es importante señalar que los beneficios obtenidos por FCC por la gestión de
los servicios públicos adjudicados es muy superior a lo que consigue por el
mismo concepto en otras localidades de nuestra comunidad autónoma, como bien
expresa el hecho de que el coste del servicios de recogida de basura en Badajoz
sea de 63€ por habitante, mientras que en Mérida esa cifra ha llegado a rondar
los 100€/habitante.
La
correcta comprensión del anuncio de FCC requiere señalar que la fecha de
finalización del contrato de recogida de basura domiciliaria termina su
vigencia el próximo 31 de julio de 2014, según consta en la documentación de la
delegación municipal de contratación y patrimonio solicitada en su momento por
IU-Mérida, y que en función de las distintas ampliaciones sectoriales pueden
extenderse en algunas zonas de la ciudad hasta febrero de 2015.
La
intención de los gerentes de FCC no es otra que la de acudir en una situación
de fuerza frente a una posible negociación con el Ayuntamiento, debido a
la relevancia social y económica de los
servicios que gestiona, con la intención de proteger sus propios beneficios.
La
situación de chantaje a la que se enfrenta el gobierno del Partido Popular en
Mérida es una consecuencia directa de la política de privatizaciones de
servicios públicos, que dotan de un poder extraordinario a empresas privadas
que tan sólo persiguen el objetivo del máximo beneficio, sin ningún tipo de
consideración hacia la consecución del interés general, hasta el punto de
amenazar con lesionar los derechos de los trabajadores, o incluso con su
despido. Una práctica que desde IU calificamos como repugnante.
Por
todo ello, instamos al equipo de gobierno a que recupere la gestión municipal
de los servicios que en la actualidad gestiona FCC y niegue cualquier tipo de
negociación de cara a la posible prórroga de los contratos que los regulan.
Fdo:
Álvaro Vázquez Pinheiro.
Portavoz
de IU en Mérida
En Mérida, a 28 de junio de 2013
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