El artículo 18 del RD 8/2013,
establece que las entidades locales que se sumen al plan de pago a proveedores
deberán aprobar en el pleno municipal un plan de ajuste, o bien modificar el
que hayan aprobado con anterioridad, una circunstancia sobre la que el PP
apenas se ha pronunciado.
Las medidas incluidas en los
planes ejecutados por el PP hasta el momento han supuesto un incremento
indiscriminado de los impuestos y tasas municipales, la eliminación de
desgravaciones, la privatización de servicios públicos, la reducción de
prestaciones de servicios públicos e incluso el despido de trabajadores
públicos.
La aprobación de este tipo de
planes de ajuste supone una obligación legal, que tiene su origen en la
presunción de que los Ayuntamientos que
decidan aumentar su deuda para afrontar el pago a proveedores debe garantizar
el equilibrio presupuestario, lo que se traduce en la aprobación de medidas de
recorte o de aumento de ingresos.
Así, la adopción de este tipo de
mecanismos ha ido acompañada por medidas de recorte, que entendemos se volverán
a reproducir en esta ocasión, por lo que entendemos que el equipo de gobierno
deberá hacer público su contenido.
Desde IU-Mérida, entendemos que
la puesta en marcha de este tipo de medidas supone un chantaje manifiesto por
parte del gobierno de la nación , ya que mediante la aprobación de una norma de
obligado cumplimiento supedita la mejora de las cuentas de las entidades locales
a la adopción de medidas de claro sesgo neoliberal, que desplaza la lógica de
los recortes sociales al conjunto de los ayuntamientos, al margen del partido
que los gobierne.
En estos términos debemos
señalar, que si bien la adopción de estos mecanismos mejora la situación de los
proveedores, también provoca un aumento de la deuda municipal, que se ve
incrementada debido a la necesidad de abonar los intereses correspondientes a
las cantidades prestadas por los bancos y cajas que finalmente resultan los
verdaderos beneficiarios de este
sistema de pago.
Fdo: Álvaro Vázquez Pinheiro.
Portavoz de IU-Mérida.
En Mérida, a 24 de julio de 2013.
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