Los
afiliados y simpatizantes que integran la asamblea local de Izquierda
Unida-Mérida mostramos nuestra solidaridad con los miembros del Campamento
Dignidad que durante el día de ayer fueron detenidos por la interrupción del
informativo del centro territorial de TVE en Extremadura.
La imputación de los cargos de coacción,
desobediencia, allanamiento y desórdenes públicos por la realización de una
acción absolutamente pacífica resulta absolutamente desproporcionada, dado que
en ningún caso se produjo ningún tipo de daño material, ni personal durante el
transcurso de la protesta protagonizada por los integrantes del Campamento
Dignidad.
En nuestra opinión, la imposición de responsabilidades
penales por la realización de esta protesta resulta especialmente llamativa, en
comparación con la ausencia de responsabilidades políticas exigidas hasta la
fecha por la absoluta incompetencia con la que se está gestionando la puesta en
marcha de la Ley de Renta Básica en Extremadura.
Al margen de las diferentes opiniones que puedan
provocar el método elegido para efectuar la protesta, esta situación supone un
agravio comparativo entre la gravedad
responsabilidades exigidas, y los perjuicios provocados por la protesta, que
desde aquí calificamos como meramente testimoniales.
La protesta llevada a cabo por parte de los
componentes del Campamento Dignidad, en ningún caso, pretendía provocar ningún
tipo de daño o agresión material o
personal, contra la institución, ni contra los trabajadores que desarrollan sus
funciones en el centro territorial de TVE, sino llamar la atención sobre la
falta de voluntad política y la incompetencia con la que la Junta de
Extremadura está desarrollando la aplicación de la renta básica de inserción
social en nuestra región.
Para IU-Mérida, resulta sintomática las diferencias
que se aprecian entre la actitud mostrada por aquellos que
criminalizan la acción emprendida por el Campamento Dignidad, y la
impasibilidad de la que han hecho gala
ante la falta de aplicación de la renta básica, y sus consecuencias
sobre el bienestar y la seguridad económica de las familias más necesitadas de
nuestra región.
Queremos señalar, que la finalidad de esta protesta
no es otra que la de denunciar públicamente el incumplimiento por parte de los poderes públicos de una ley
aprobada por la Asamblea de Extremadura, que forma parte del ordenamiento
jurídico, y cuya aprobación y contenido obligan al conjunto de los órganos y
autoridades que integran la Junta de Extremadura.
Por todo ello, mostramos nuestro apoyo a los
detenidos, a la par que denunciamos la incompetencia e impasibilidad de la
Junta de Extremadura para la puesta en marcha de una iniciativa legal esencial
en la protección de la calidad de vida de las familias extremeñas.
Fdo: Álvaro Vázquez Pinheiro.
Portavoz de IU-Mérida.
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