PP y PSOE tienen una responsabilidad directa en la sentencia de Valdecañas

Según ha explicado el diputado de la organización, Victor Casco, la Junta ahora debería acatar la sentencia y por lo tanto restituir los terrenos, sin impugnar la decisión.

Tras conocer la resolución del Tribunal Supremo que obliga a devolver a su estado original la Isla de Valdecañas, en los municipios cacereños de El Gordo y Berrocalejo y darle la razón a Ecologistas en Acción y Adenex (al tratarse de un espacio protegido de la Red Natura 2000 de protección ambiental); desde IU el diputado Victor Casco ha recordado, ante los medios de comunicación, que su organización en reiteradas ocasiones (en 2011 pidiendo que se retirara el PIR y solicitando que se anulara la reforma de la Ley en defensa del proyecto urbanístico) presentó ante  la Asamblea de Extremadura varias iniciativas sobre este asunto, las cuales no fueron respaldadas por resto de la cámara quien en todo momento “se oponían” para defender un proyecto, según ha detallado, de “especulación urbanística” frente a la protección del medio ambiente.

Según el diputado, tanto PP como PSOE (este último en primer lugar por ser quien legalizó el proyecto en 2007) “tienen responsabilidad directa en lo que ha pasado”. Por ello desde IU esperan que esas responsabilidades se depuren cuanto antes, ya que según ha explicado “lo que no tiene sentido es que hayamos llegado al 2014 con dos sentencias sobre la mesa que consideran ilegal lo que hizo la Junta de Extremadura y ninguno de los responsables que tomaron aquellas decisiones, hasta el momento, hayan dicho nada”.

Así, desde IU han querido felicitar en primer lugar a Ecologistas en Acción y Adenex que “con su lucha y trabajo han demostrado que tenían razón y ese proyecto era ilegal vulnerando la legislación medioambiental de la región; demostrando ante los tribunales que la Junta de Extremadura actuó mal”.

Por su parte el Tribunal Superior de Justicia ratifica que el proyecto de interés regional no tiene ninguna motivación que justifique la utilidad pública de ese proyecto y por lo tanto, según Casco, no hay relación entre lo que se destruye y la utilidad pública. Además que la recalificación de suelo que se hizo para permitir construir “allí donde era imposible” no se ajusta a derecho, es decir, que incumple la legislación. Y finalmente, según ha argumentado, ni siquiera se hizo un estudio de impacto ambiental que conllevara otras alternativas a lo que presentaba la promotora. “Se ha hecho un proyecto a la carta actuando en el

marco de la capacidad legislativa de la Asamblea de Extremadura al servicio de los promotores”, según ha explicado.

Con todo ello, IU pedirá ante la Asamblea que no se recurra la sentencia ante el constitucional, “no podemos estar ante otro cubo como el de Badajoz”, ha detallado el diputado, quien ha matizado que la Junta ahora debería acatar la sentencia y por lo tanto restituir los terrenos.

Finalmente, Casco ha sentenciado que la administración ahora debería procurar que este “fiasco” no se cargue a las espaldas de los extremeños, y por tanto que no sean el conjunto de los ciudadanos los que paguen las “irregularidades”, “el fiasco urbanístico, legislativo y judicial” que ambos partidos, (PP y PSOE) han estado asumiendo.