Izquierda Unida-Mérida considera que la documentación exigida para el otorgamiento de la subvención en el recibo del agua resulta excesiva, injustificada e ineficaz para la tramitación de las ayudas.
La multitud de documentos que
deben aportar los interesados que tengan la intención de solicitar la
subvención sobre la subvención del agua puede traducirse en un obstáculo para
su tramitación, debido al desconocimiento y la falta de familiaridad de buena
parte de los interesados sobre cuestiones administrativas.
Resulta especialmente llamativo
que el Ayuntamiento solicite documentación sobre datos que ya disponen, o que
están en poder de otras administraciones, organismos o entidades o empresas
públicas o privadas, como pueden ser el certificado de empadronamiento-emitido
por el propio Ayuntamiento-, la acreditación de la titularidad de un contrato
de agua –una información que puede ser facilitada por Aqualia- o la
documentación relativa a la situación laboral o la percepción cualquier tipo de
prestación social, subsidio o la propia
renta básica, que pueden solicitarse al Sexpe, la Seguridad Social, o a la
Consejería de Salud y Política Social.
Esta situación supondrá una relentización
en la tramitación del procedimiento, así como un obstáculo en detrimento de la
eficiencia de los mecanismos adoptados para la concesión de la ayuda,
provocando la multiplicación de procedimientos de solicitud por parte de los
interesados en cada una de los organismos públicos encargados de facilitar la
documentación, y el incremento del volumen de documentación a tramitar.
Así, tal y como hemos propuesto
en diversas ocasiones durante el proceso de negociación que llevamos a cabo con
el gobierno municipal para llevar a cabo esta iniciativa, entendemos que
resulta mucho menos gravoso para los interesados, y más eficaz des de el punto
de vista administrativo, sustituir la aportación de la documentación por parte
del interesado por otro método, en el que el interesado autoriza a la
administración municipal a solicitar la documentación requerida a cada una de las entidades y organismos que
disponen de la misma, y así disminuir y
simplificar los procedimientos y el volumen documentación que implique la tramitación
de estos procedimientos.
En estos términos, entendemos que
la obligación de solicitar la ayuda trimestralmente supone, de nuevo un
esfuerzo innecesario por parte de los interesados y las administraciones implicadas,
puesto que bien podría realizarse de oficio cualquier tipo de comprobación sobre
el cumplimento sucesivo de los requisitos para la renovación de la subvención,
sin necesidad de que interviniesen los interesados, y así evitar de nuevo la multiplicación
de los trámites y documentos a comprobar.
Por todo ello, instamos al equipo
de gobierno, y concretamente a la delegada del agua a que reconsidere los
aspectos que hemos mencionado y modifique el procedimiento con el propósito de
facilitar su tramitación a los vecinos,
y mejorar su tramitación.
Fdo: Álvaro Vázquez Pinheiro.
Portavoz de IU-Mérida.
En Mérida, a 28 de febrero de 2014.
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