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Cayo Lara presenta personalmente el documento en el Registro de la Fiscalía, mientras el candidato de IU a las Elecciones Europeas, Willy Meyer, adelantó esta actuación durante una conferencia en el ‘Fórum Europa’, donde denunció que las instituciones europeas “nunca han tomado medidas” porque tal y como está construido el modelo económico europeo “necesita de los paraísos fiscales”

El  coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha registrado esta mañana personalmente en la Fiscalía General del Estado un escrito donde, en nombre de su formación, reclama entre otras actuaciones la apertura de una investigación a las grandes empresas y entidades de crédito españolas que operan en paraísos fiscales de la Unión Europea con el fin de determinar si cumplen con sus obligaciones tributarias.

Esta actuación fue anunciada previamente por el cabeza de lista de IU al Parlamento Europeo, Willy Meyer, al término de su intervención en la conferencia que ofreció en la tribunal del ‘Foro Europa’, celebrada al comienzo de la mañana. Meyer advirtió de que la actuación de los paraísos fiscales y la permisividad de los Estados hacia ellos supone un “crimen contra la humanidad” que, de atajarse de forma decidida, podría resolver asuntos como la alimentación, la sanidad, la educación o el bienestar de la gente. Defendió que se debe intentar a nivel político en todas las instituciones “que cada uno de estos paraísos fiscales desaparezcan para que todos estos recursos vayan a Europa”.

El candidato de IU se lamentó de que, tal y como está construido el modelo económico europeo, “necesita de los paraísos fiscales” porque “forman parte del sistema”. Planteó que de poderse conseguir “otro modelo productivo” se podría intentar con más efectividad “acorralar y acabar con esta lacra”.

Meyer desplegó durante su intervención un mapa en el que mostró con puntos rojos los países donde se localizan y operan los principales paraísos fiscales. Denunció que en las instituciones europeas “nunca se han tomado medidas” contra ellos, circunstancia de la que se aprovechan “las grandes fortunas, las mismas que forman parte del sistema”.

En el escrito registrado poco después por Cayo Lara en la Fiscalía –acción a la que le acompañaron el secretario federal de Organización, Miguel Reneses, y la diputada Ascensión de las Heras-  IU recuerda que, según datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), el dinero defraudado al Fisco en nuestro país asciende a unos 44.000 millones de euros, de los que las tres cuartas partes se localiza en las empresas de mayor tamaño.

Esto pone de manifiesto la necesidad de una investigación “exhaustiva” de las grandes fortunas y grandes empresas españolas, “dado que su actividad pudiera ser constitutiva de fraude fiscal”. Pide también al fiscal general “promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad de los derechos de los ciudadanos y del interés público”.

El documento registrado explica que un “numeroso grupo” de grandes sociedad españolas recurren “de manera constante” a la emisión de instrumentos financieros desde paraísos fiscales, entre los que destaca Luxemburgo, a través de la constitución de una sociedad filial en este país desde la que se realiza la emisión. Precisa que estas entidades españolas no están exentas de tributar por las ganancias obtenidas por esas emisiones, que deben declararlas ante la Agencia Tributaria.

Se señala a otros territorios como Gibraltar, las islas británicas del Canal de la Mancha y Liechtenstein, que no se utilizan para realizar emisiones sino para constituir en ellos filiales o desviar ilegalmente dinero. 

Izquierda Unida insiste en que esto tampoco exime a las entidades de crédito españolas que operan en estos territorios de su deber de colaborar con la AEAT para “evitar que la operativa desde estos territorios sea un instrumento de defraudación de la Hacienda Pública”.

Entre las actuaciones concretas que IU solicita de la Fiscalía General del Estado está la adopción de diligencias como la petición a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de una relación completa de las entidades sometidas a su supervisión que han realizado emisiones de instrumentos financieros desde Luxemburgo para, después hacer una revisión “completa y exhaustiva” de sus declaraciones de impuestos de sociedades, comprobar si han tributado correctamente los beneficios obtenidos.

Además, pide que se requiera a todas las entidades de crédito españolas que tengan sucursales en los paraísos fiscales para que aporten documentación completa de las operaciones realizadas para, después, revisar también sus declaraciones a la Agencia Tributaria y “comprobar si éstas han tributado correctamente los beneficios obtenidos”.

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