Izquierda
Unida-Mérida afirma que las condiciones para la privatización de la empresa
municipal de transporte han repercutido en las condiciones de seguridad en las
que se presta el servicio.
La
adjudicación del servicio público de transporte urbano de pasajeros a favor de
la empresa vectalia se ha traducido en un empeoramiento de las condiciones de
trabajo de los empleados que han visto aumentada el cómputo anual de horas de
trabajo, al tiempo que la empresa ha suprimido los descansos de los que
disfrutaban durante su jornada.
La eliminación de los descansos durante la jornada
laboral de los conductores de los autobuses urbanos supone la creación de una
situación de riesgo del todo innecesaria que puede provocar consecuencias
graves para la seguridad e integridad de los pasajeros y de los propios
empleados.
La causa de la eliminación de
estos descansos la encontramos en la intención del equipo de gobierno de
reducir los costes del servicio, debido a que el disfrute de las pausas por
parte de los conductores suponía la sustitución de estos trabajadores por
otros, mientras los primeros realizaban el descanso que les correspondía a lo
largo de su jornada laboral. Por ello, la supresión de estas pausa implica una
reducción de la plantilla, y por tanto del coste del servicio.
Para IU-Mérida esta situación
resulta del todo insostenible debido a la naturaleza de las funciones
desempeñadas por los conductores y los riesgos que comporta para ellos mismos
así como para el conjunto de los usuarios del servicio y para del resto de los
ciudadanos que pudieran verse envueltos en cualquier tipo de accidente o
similar.
Asimismo, consideramos que esta
situación ejemplifica la falta de escrúpulos que requiere la lógica del máximo
beneficio, así como el corto recorrido de una forma de gestionar que supedita
el respeto de unas condiciones de trabajo mínimas que garanticen que el
servicio se presta en condiciones de seguridad y calidad, a la obtención de una
reducción insignificante de los costes.
La adopción de este tipo de
medidas nos da la talla de cual es el
modelo de gestión que se deriva de la privatización de los servicios
públicos que defiende el Partido Popular, en el que la obtención de beneficios,
y la reducción del déficit siempre obtiene su contrapartida en el deterioro de
las condiciones laborales de sus empleados, así como en el menosprecio a otras consideraciones como
son la seguridad de los empleados y ciudadanos.
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