Cayo Lara considera que sólo con medidas de
este tipo se puede evitar que los defraudadores “queden impunes” y “se
marchen de rositas”
Izquierda Unida, a través de su
Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA, ha registrado hoy en el
Congreso una proposición no de ley “para combatir el fraude fiscal,
limitar la elusión y reducir la economía sumergida”. Entre las medidas
prioritarias que recoge la iniciativa se plantea ampliar hasta 10 años
el plazo de prescripción de los delitos por fraude fiscal para evitar
así que los defraudadores “queden impunes” y “se marchen de rositas” y
el Estado pueda recuperar los fondos defraudados.
El coordinador
federal, Cayo Lara, y el secretario ejecutivo de Economía y Empleo de
IU, José Antonio García Rubio, han presentado esta importante iniciativa
en rueda de prensa. Éste último ha advertido de que con este dinero,
que procede de “defraudadores y delincuentes que no cumplen con la ley”,
el Estado podría financiar su déficit y una parte del desarrollo
económico que necesita, además de poner en marcha una política económica
diferente.
Cayo Lara, por su parte, explicó con detalle el punto
de la proposición que desarrolla el alargamiento de la prescripción
propuesto. Éste iría de los cuatro años actuales, a un año más cuando se
apruebe la iniciativa, dos años a partir del momento de su aplicación y
así sucesivamente. Todo ello hasta conseguir limitar el fraude fiscal a
un máximo de 3 puntos del PIB frente al 8% en el que se sitúa en la
actualidad.
“En todo caso –indica textualmente el mencionado
punto-, la prescripción prevista por la Ley se extenderá a 10 años
cuando se utilicen procedimientos tendentes a ocultar la identidad real
del obligado tributario, se utilicen paraísos fiscales o la defraudación
se cometa por una red organizada para cometer la evasión fiscal,
equiparando la prescripción administrativa a la prescripción del tipo
agravado del delito fiscal”.
Lara consideró imprescindible
“ampliar el tiempo de prescripción para delitos de fraude y corrupción,
porque eso es lo que se está preguntado la gente ¿por qué tiene que
haber esa prescripción de delitos para que, si no se les pilla, no
tengan que devolver el dinero a partir del cuarto año? Bueno, pues con
un planteamiento como el que recoge esta iniciativa se acaba el ‘chollo’
y deja de haber prescripciones que beneficien a todos los que tenían
una deuda con la Hacienda pública”.
García Rubio señaló que en la
actualidad el fraude fiscal y laboral equivale a unos 80.000 millones de
euros anuales, según los datos que manejan los propios técnicos de
Hacienda. En cuanto a la economía sumergida, indicó que se puede situar
en un 24,6% del PIB y, entre ambos, calcula que la Hacienda Pública está
dejando de recaudar unos 92.000 millones de euros anuales.
“Si el
PP rechaza la iniciativa en las Cortes Generales -advirtió el
responsable económico de IU- será una de las primeras propuestas que
haga IU con una nueva correlación de fuerzas en el Parlamento”.
La
proposición no de ley expone el cálculo realizado por Izquierda Unida
en el sentido de que “la anualización de las posibilidades de
recuperación de la recaudación fiscal con la aplicación de una ley como
la que proponemos generaría en cuatro años de aplicación una bolsa de
15.000 millones anuales como consecuencia del cumplimiento de objetivos
razonables de disminución del fraude y la economía sumergida, a la que
habría que añadir unos 75.000 millones anuales como consecuencia de la
persecución y recuperación del fraude histórico vivo, simplemente
evaluado en el 50 % de sus cantidades netas y repartido en los cuatro
años. Mucho más que el déficit público”.
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