Izquierda Unida-Mérida afirma que el Ayuntamiento de Mérida incumplió su obligación legal de comunicar al Tribunal de Cuentas la información relativa a los contratos adjudicados durante el ejercicio 2006 al GRUPO DICO.
Según consta en el Informe de fiscalización del Sector Público Local, ejercicios 2006, 2007 y 2008, aprobado por la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, publicado en el BOE de 21 de septiembre de 2013, el Ayuntamiento de Mérida no comunicó ningún tipo de información sobre los contratos administrativos relativos al ejercicio 2006, año en el que se adjudicaron algunas de las obras Al GRUPO DYCO, y que ha suscitado la polémica sobre la presencia del alcalde Mérida en una cacería pagada por dicha empresa, cuyos promotores se encuentran en la actualidad imputados en diferentes casos de corrupción.
Según establece el artículo 29.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público: “Dentro de los tres meses siguientes a la formalización del contrato, para el ejercicio de la función fiscalizadora, deberá remitirse al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma una copia certificada del documento en el que se hubiere formalizado aquél, acompañada de un extracto del expediente del que se derive, siempre que la cuantía del contrato exceda de 600.000 euros, tratándose de obras, concesiones de obras públicas, gestión de servicios públicos y contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado”
El incumplimiento de esta obligación constatado y publicado por los órganos competentes, dificulta aún más la situación del señor alcalde, al que exigimos que aclare cual es el motivo por el que en el Ayuntamiento eludió los mecanismos de control del Tribunal de Cuentas que la legislación impone sobre la actividad del Ayuntamiento, precisamente en el momento en el que se lleva a cabo la adjudicación de los obras con el GRUPO DYCO, a pesar de que dichos contratos cumplían todos los requisitos establecidos en la legislación para su control por parte del Tribunal de Cuentas.
En estos términos debemos señalar que si bien la legislación ha sufrido múltiples modificaciones desde aquellas fechas, en ningún caso afectan a los extremos que hemos mencionado.
Desde IU-Mérida, entendemos que del mismo modo que no pueden realizarse acusaciones que no puedan probarse, en justa correspondencia, el alcalde de Mérida debe aclarar inmediatamente cuales son las causas que explican estos incumplimientos, que a falta de una explicación satisfactoria, vienen a consolidar las sospechas de prácticas de corrupción en la actividad del Ayuntamiento de Mérida durante el tiempo al que se refiere los hechos que han desatado la polémica.
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