La
resolución del TACRC ha declarado por segunda vez la nulidad de este
procedimiento por el que el PP pretendía adjudicar un terreno municipal a un
empresario privado por un valor 50 veces inferior al que corresponde según en
la legislación vigente.
El Partido Popular debe explicar cuales son los motivos
que les han empujado a licitar la concesión de un terreno municipal para su
explotación por parte de un empresario privado, en las mismas condiciones que
hace apenas un año fueron declaradas ilegales por el mismo TACRC.
Para IU-Mérida, la insistencia del equipo de gobierno en
conceder estos terrenos en condiciones especialmente favorables para un empresario
local, y más allá de la legalidad vigente, es una evidencia de la utilización
del patrimonio municipal en beneficio de los empresarios afines al Partido
Popular.
Las cantidades que el Partido Popular pretendía exigir al
empresario en cuestión no superaban el pago de 6.300€ al año por la concesión
de 15 hectáreas de terreno municipal durante 99 años, que el Ayuntamiento
valoraba en unos 104.617€, mientras que
el TACRC calcula que este importe debe ser al menos superior a los 5.186.000€,
una cantidad 50 veces superior a la estimada por el gobierno de Pedro Acedo. Un
hecho que adquiere su relevancia si tenemos en cuenta que el dinero a abonar
por el empresario se deduce por un porcentaje del valor estimado del contrato.
La versión por la cual
diferencias en la apreciación del valor del contrato podrían tener su
causa en la utilización de criterios de interpretación jurídica diferentes, se
cae por su propio peso desde el momento en el que el propio tribunal ya se
pronunció en los mismos términos en los que lo ha hecho en esta ocasión,
señalando el carácter ilegal de las pretensiones del gobierno municipal, por lo
que sólo cabe señalar que el Ayuntamiento ha actuado de forma consciente y
reiterada, el único fin de beneficiar a un empresario incluido en el círculo
del PP, y todo ello al margen de la legalidad y a costa del patrimonio público.
Para IU-Mérida la resolución del TACRC pone en evidencia
la pretensión del PP de gobernar al más puro estilo bananero, sin distinguir
entre el patrimonio público y el privado, en beneficio propio, más allá de los
mínimos exigibles por la vergüenza y la decencia.
Publicar un comentario