Izquierda Unida-Mérida considera que las declaraciones
realizadas por el equipo de gobierno a través de la delegada de servicios
sociales tienen como propósito eludir la responsabilidad sobre los despidos
declarados como ilegales por el TSJ.
Las declaraciones realizadas por
Ana Blanco sólo pueden explicarse, o bien por la intención del PP de manipular
la realidad, o bien por la falta de conocimiento sobre lo sucedido, lo que de
cualquier modo deja en una difícil situación al equipo de gobierno.
Según la versión facilitada por
el PP, los despidos tuvieron su origen en la falta de voluntad de CC.OO a la
hora de llegar a un acuerdo sobre la resolución del ERE que el gobierno
municipal tramitó durante el mes de marzo de 2013.
Según el artículo 51.2 del
Estatuto de los Trabajadores, la tramitación de los expedientes de regulación
de empleo implica la realización de un periodo de consultas “sobre las posibilidades de evitar o reducir los
despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias mediante el recurso a
medidas sociales de acompañamiento”, y sobre las que en caso de falta de
acuerdo, el empresario “remitirá a los representantes de los trabajadores y a
la autoridad laboral la decisión final de despido colectivo”.
Así, la decisión última sobre la
resolución de los ERE, depende única y exclusivamente de la voluntad del
empresario, en este caso, el Ayuntamiento, y nunca de la actitud o voluntad de
los representantes de los trabajadores.
Debemos señalar que la
paralización del ERE tuvo su explicación en las graves irregularidades en que
se incurrió en su tramitación, y que imposibilitaban su terminación en términos
compatibles con la legislación vigente.
Los demandantes fueron despedidos
una vez que el PP decidió anular el
ERE, e inició un procedimiento de despido en el que pudiera eludir los
trámites que la legislación reserva a esta figura, lo que consiguió despidiendo
a 29 trabajadores, en lugar de a los 30 que la legislación establece como
mínimo para que el Ayuntamiento tuviera que iniciar de nuevo ERE, y por tanto
un nuevo periodo de consultas con los representantes de los trabajadores.
Este hecho evidencia la firme
voluntad del PP llevar a cabo los despidos, al margen de cualquier consideración
sobre el papel desarrollado por los respresentantes de los trabajadores.
Por otro lado, las declaraciones
de Ana Blanco según las cuales, el TSJ no ha apreciado la voluntad de los
trabajadores, que solicitaron la nulidad del despido, son absolutamente falsas,
según el literal de la propia sentencia, en las que se expresa literalmente la
petición de nulidad como causa principal, pero a su vez recoge la petición que
los despidos sean declarados improcedentes,
como causa subsidiaria del procedimiento de impugnación.
Por todo ello, resulta evidente
que las declaraciones de Ana Blanco tiene como propósito intentar desprestigiar
a CC.OO, y eludir las responsabilidades del PP en unos despidos declarados
como ilegales, una actitud tan infantil,
como reprobable.
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