18. Participación ciudadana.

Art. 9.2. Constitución Española.

“Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.”

Contamos contigo.

El impulso de la participación ciudadana forma parte del “adn” político e ideológico de Izquierda Unida, solamente desde el refuerzo de los vínculos que deben unir a los ciudadanos con sus instituciones representativas podremos conseguir un modelo de democracia satisfactorio.

La característica que distingue a las administraciones locales del resto de los poderes públicos es su proximidad con los ciudadanos y con las situaciones a los que éstos deben hacer frente. Es precisamente este elemento de diferenciación el que posibilita la adopción de formas de participación que hagan de los vecinos un elemento activo en la formación y desarrollo del proceso de decisiones que deben asumir las instituciones de carácter municipal.

Es por esto que las propuestas de IU en Mérida para el fomento de la participación ciudadana se centran en los siguientes aspectos:

Implantaremos formas directas de participación en la confección de los presupuestos, permitiendo que sean las asociaciones de vecinos quienes decidan el destino del 5% del presupuesto municipal. Esta cantidad irá en aumento a medida que se consoliden los mecanismos de participación.

Celebraremos  Audiencias Públicas anuales con el fin de acercar a la población la complejidad del Presupuesto Municipal, sus características y sus límites.

Organizaremos la puesta en común de las Ordenanzas fiscales con la representación de la ciudadanía: organizaciones sociales, comunidades de vecinos, sindicatos y empresariado, Consejo Económico y Social.

Realizaremos  experiencias participativas en el diseño de espacios urbanos a través de las Asambleas de Distrito

Pondremos en funcionamiento, de un modo efectivo, los distritos municipales como instrumento para acercar la administración municipal a la ciudadanía, facilitar el ejercicio de sus derechos y el acceso a la información y fomento de un modelo de ciudad de proximidad de bienes y servicios.

Crearemos de una red de oficinas municipales de información al ciudadano para facilitar la tramitación de expedientes, interposición de recursos, conocer los requisitos y condiciones para tener acceso a ayudas, subvenciones, ya sea de competencia local o dentro del ámbito de otras administraciones.

Desarrollaremos de un Plan de Formación Ciudadana  dirigido a personas individuales y  a asociaciones (gestión de asociaciones, instrumentos para la participación...)

Realizaremos audiencias públicas sobre todos los temas de interés que se desarrollen en el Consistorio.

Crearemos las Asambleas de Barrio o de Distrito con el fin de promover la participación horizontal. Será parte fundamental de su  trabajo el diseño de las ciudades, sus espacios públicos, sus necesidades dotacionales, etc.

Convocaremos sesiones informativas en los barrios para recabar la opinión de los vecinos sobre las actuaciones del Ayuntamiento e incorporar sus demandas y propuestas.

Organizaremos un foro vecinal como punto de encuentro anual para la evaluación de las iniciativas planteadas por el Ayuntamiento y la presentación de propuestas y programas de intervención por parte de la sociedad  emeritense, sus ciudadanos y sus organizaciones.

 Realizaremos una puesta en común de las Ordenanzas fiscales con la representación de la ciudadanía: las organizaciones sociales, las comunidades de vecinos, los sindicatos y el empresariado, constituyendo un  Consejo Económico y Social.

Realizaremos de experiencias participativas en el diseño de espacios urbanos a través de las Asambleas de Barrio, de Distrito.

Crearemos de la figura del defensor del vecino elegido por unanimidad de los grupos municipales que formen parte del pleno del Ayuntamiento, para procurar la defensa del ciudadano que actúe en el uso de los servicios públicos y de la defensa de sus derechos y obligaciones frente a la administración municipal.