Las condiciones establecidas por la Gerencia Regional del Castastro en
Extremadura para la apertura del trámite
de audiencia previa correspondiente al procedimiento de aprobación de la
ponencia de valores dificulta en gran medida el ejercicio efectivo de los
derechos del ciudadano que el propio procedimiento pretende amparar.
Así, el hecho de que la consulta y realización de los datos referidos a la
ponencia pueda realizarse únicamente en la sede de la gerencia en la ciudad de
Badajoz, la limitación del plazo a una extensión de 10 días, y únicamente
en horario de mañana, supone una larga serie de trabas para todos aquellos
ciudadanos que quieran informarse de la situación catastral de su vivienda, y
posteriormente reclamar en caso de no mostrarse de acuerdo con los valores
propuestos hasta la fecha.
Los motivos legales aducidos por la gerencia para establecer estas
limitaciones nos producen cierta extrañeza desde el momento en el que la
legislación que regula estos extremos se encontraba en vigor en el momento en
el que se tramitó la ponencia anterior, para cuya tramitación el acceso a los
datos se facilitó desde las propias dependencias municipales del Ayuntamiento
de Mérida.
A estas circunstancias debemos sumarle el hecho por el que cada interesado
verá limitado su derecho de acceso a sus propios datos, sin poder consultar la
situación de los valores asignados a los inmuebles similares a los propios, lo
que en definitiva reduce los márgenes del interesado para la valorar la
idoneidad de la valoración que se le ha asignado a su vivienda o inmueble, al
carecer de otros elementos de comparación.
Este hecho adquiere especial relevancia desde el momento en el que una de
las principales irregularidades detectadas en la realización de la ponencia
vigente en la actualidad fue precisamente la asignación de valoraciones
absolutamente dispares a inmuebles que por sus características debía disfrutar
de valoraciones idénticas o muy similares.
En definitiva, las condiciones y requisitos establecidos para la consulta
de los valores propuestos en la nueva ponencia tienen como consecuencia la
imposibilidad de que los vecinos de nuestra ciudad puedan hacer valer sus
derechos ante la administración en un procedimiento que afecta a impuestos tan
relevantes como el IBI, o aquellos que gravan la venta o transmisión de
viviendas o cualquier otra clase de inmueble.
Por todo ello, instamos al equipo de gobierno a que adopte las medidas
oportunas para garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos.
Hay que conseguir que se amplíe el plazo y la información esté disponible en internet, concretamente en la web municipal. No hay escusas para no hacerlo. Por otro lado si consultan esta circular de la dirección general del catastro: http://www.catastro.minhap.gob.es/documentos/0203042009_P.pdf
ResponderEliminarpodrán ver que la Gerencia del Catastro ha incumplido el procedimiento interno y el calendario de actuaciones. No se puede abrir el periodo de exposición sin antes contar con el informe favorable del ayuntamiento. Por lo tanto, una vez que el ayuntamiento emita su informe favorable es cuando habría que establecer el periodo de exposición para alegaciones.
Efectivamente el plazo y las condiciones son claramente insuficientes, por ello hemos solicitado formalmente a la gerencia su ampliación. Lo cierto es que las condiciones las establece la propia gerencia, en eso hay que ser justos y no culpar al Ayuntamiento, pero es precisamente la gerencia la que se opone a lo que soicitas, que es lo más apropiado. En cuanto a la tramitación, el artículo 27 de la ley de catastro establece que el informe municipal deberá emitirse antes de la aprobación de la ponencia, pero no señala nada con respecto a las alegaciones, por lo tanto creemos que no ha habido incumplimiento en ese sentido.
EliminarA estos efectos hemos solicitado al PSOE una comisión informativa al respecto, y en eso estamos.
Muchas gracias por vuestra respuesta e interés.
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