IU-Mérida impulsa un procedimiento sancionador contra FCC.

Izquierda Unida-Mérida ha solicitado ante la administración municipal el inicio de un procedimiento sancionador contra la Fomento de Construcciones y Contratas por no facilitar información requerida sobre los datos de la seguridad social de los trabajadores que tiene en plantilla en el centro de trabajo de Mérida.

A finales del mes de junio, Izquierda Unida-Mérida solicitó a FCC, como concesionaria del servicio de recogida y limpieza de basura, que facilitara los datos de altas y bajas de la seguridad social de los trabajadores que tenía en plantilla con el propósito de constatar la veracidad de la versión de los sindicatos, según la cual la empresa tenía una plantilla muy inferior a la que le obligaba el contrato.

Así, durante los últimos meses de la legislatura anterior, los sindicatos denunciaron que la plantilla de la que disponía FCC para realizar las recogida y limpieza de la basura se situaba en torno a los 94 trabajadores, a pesar de que la empresa tiene la obligación según los pliegos de contar con una plantilla de al menos 119 empleados para la adecuada prestación del servicio.

A pesar del tiempo transcurrido y de la obligación establecida al efecto en los pliegos que regulan la ejecución del servicio, la empresa no ha dado respuesta a la solicitud realizada por Izquierda Unida a través de los servicios municipales.

El artículo 32 del Pliego de Cláusulas Administrativas señala expresamente la obligación de: “Autorizar expresamente al Ayuntamiento de Mérida para acceder a los datos fiscales y de seguridad social” ; asimismo, el artículo 21 de la misma norma establece: “Constituye infracción administrativa toda vulneración de las prescripciones al presente Pliego y al de condiciones técnicas, Reglamentos de los Servicios y cualquier otra normativa municipal de aplicación, sujeta a sanción.”.

Para IU-Mérida, la negativa de la empresa a facilitar esta información es todavía más grave debido a la gravedad de las declaraciones realizadas en su momento por los sindicatos y las consecuencias de toda índole en las que deducirse de esta cuestión.

Por todo ello, instamos a la administración municipal a actuar con diligencia en la tramitación de este procedimiento y haga cumplir las obligaciones propias de la empresa.