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Izquierda Unida-Mérida considera que el nombramiento del nuevo consejero municipal en materia de seguridad ciudadana resulta absolutamente innecesario, dado el número de oficiales de alto y medio rango de los que dispone la Policía Local.

Actualmente, el cuerpo de policía local cuenta en su plantilla con tres subinspectores, un inspector, un intendente, un intendente mayor, y un superintendente, todos ellos definidos como técnicos medios y superiores dentro de su escala profesional, por lo que el nombramiento de un asesor municipal en materia de seguridad ciudadana, resulta absolutamente innecesario.

Este nombramiento resulta aún más injustificado desde el momento en el que su titular carece de una formación específica que le pudiera distinguir de otros miembros de la policía local, que en la realización ordinaria de su puesto de trabajo ya desempeñan funciones directivas y de asesoramiento, por lo que este nombramiento no supone el incremento o la incorporación de nuevos elementos que permitan una mejora en la gestión diaria de las funciones de la Policía Local de nuestra ciudad.

Debemos añadir que el funcionario designado como asesor de alcaldía desempeña habitualmente el puesto de agente de la policía local, por lo que resulta dudoso que disponga de una formación y/o experiencia que justifique un nombramiento de esta naturaleza.

En nuestra opinión, el nombramiento de este nuevo asesor no supone la incorporación de nuevos elementos que permitan mejorar el funcionamiento de la Policía Local, si no más bien la creación de duplicidades y problemas de coordinación debido a que no responde a necesidades técnicas y de gestión, ya que posiblemente termine invadiendo esferas de competencia propias de puestos ya creados.

Si a la ausencia de un currículo vitae profesional, le sumamos que el nuevo asesor disfrutó de la condición de delegado de seguridad ciudadana en el gobierno de Ángel Calle, encontramos suficientes elementos de juicio para entender que el criterio de selección del nuevo asesor no persigue criterios o finalidades profesionales, sino más bien de otros de índole partidista.

Para IU-Mérida, un nombramiento en estas condiciones, con una retribución cercana a los 40.000 euros anuales, pone en tela de juicio el rigor presupuestario del que presume el gobierno del PSOE en nuestra ciudad.

La publicación de este nombramiento, junto con el del nuevo Jefe de Gabinete de Alcaldía, éste con una retribución anual de más de 53.000 nos viene a indicar que los recortes en el gasto hechos públicos por el gobierno de Osuna no parecen afectar a las personas vinculadas al PSOE.

Por todo ello, exigimos al señor alcalde que haga público los motivos en los que se justifica tanto los nombramientos, como las retribuciones que les corresponde.

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