En ambos procesos se han producido una serie de circunstancias que impiden el cumplimiento de las garantías mínimas que permitan un proceso limpio e igual para todos los aspirantes, y por tanto, con el consiguiente riesgo de enchufismo.
En ninguno de estos procesos de selección se ha protegido el anonimato de los aspirantes, ya que se han visto obligados a señalar en el formulario de respuestas su nombre y apellidos, lo que dificulta que el proceso se resuelva con garantías de imparcialidad y objetividad a la hora de que se lleve a cabo la corrección de las pruebas.
Asimismo, en ningún caso se ha permitido a los aspirantes disponer de un formulario autocopiativo, o cualquier otro medio, por el que aquellos que han participado en las pruebas puedan acreditar cual ha sido el contenido de su examen, de cara a posibles impugnaciones frente a la resolución publicada por el órgano de selección.
Resulta absolutamente vergonzoso que una administración publica realice procesos de selección en condiciones tan precarias, vistas las nulas garantías establecidas para salvaguardar principios básicos como son la imparcialidad y objetividad en el desarrollo de las pruebas, e incluso los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
El hecho de que la delegación de personal realice los procesos selectivos en estas condiciones supone una absoluta falta de respeto hacia todas aquellas personas que dedican su tiempo y su esfuerzo a la superación de estas pruebas, y en definitiva, a la obtención de un puesto de trabajo, más aún en un panorama de desempleo masivo.
Este tipo de actuaciones tan sólo nos empujan a pensar en la posibilidad prácticas de enchufismo y el favoritismo en los procesos de selección del Ayuntamiento, así como a arruinar –aún más- el escaso prestigio de las administraciones públicas que supuestamente protagonizan este tipo de prácticas.
Por todo ello, las impugnaciones realizadas solicitan que las pruebas realizadas en estas circunstancias se vuelvan a efectuar, en condiciones que garanticen los derechos de los aspirantes y los principios dispuestos en la legislación vigente.
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