La disponibilidad de los empresarios privados para asumir la gestión del Mercado de Calatrava suponen el indicio más evidente de su viabilidad económica, por lo que la privatización supone la renuncia del Ayuntamiento a los ingresos que podrían deducirse de una gestión adecuada, un reto que en ningún caso se ha afrontado desde el Ayuntamiento desde hace décadas.
El argumento utilizado para la privatización descansa sobre la falta de recursos municipales para la rehabilitación del mercado, un problema que puede resolverse en el momento en el que el Ayuntamiento negociase con la Junta de Extremadura la aportación de los fondos necesarios para la acometer las obras necesarias, con cargo al presupuesto autonómico, a través de un programa de gasto que se prolongara durante varias años, tal y como ha ocurrido en ocasiones anteriores con los mercados de Cáceres o de Coria.
En otros términos, parece lamentable que los mismos que tienen la competencia para mantener el Mercado en condiciones de uso adecuadas, sean los mismos que se sirvan de su situación de abandono, ya que ningún gobierno municipal en las últimas décadas a afrontado con seriedad el deterioro de este espacio. Baste señalar que el reglamento interno del mercado data de 1963.
La falta de iniciativa del gobierno de Rodríguez Osuna a la hora de buscar financiación pública para este proyecto, pone de manifiesto el apoyo del gobierno municipal hacia formas de gestión que perciben la prestación de servicios como un negocio privado, y no como un servicio público en el ejercicio de una competencia municipal.
Esta situación adquiere mayor relevancia desde el momento en el que la presencia de la ciudad de Mérida en los presupuestos regionales es poco menos que anecdótica, lo que legitimaría al alcalde de nuestra ciudad a exigir ante la administración regional inversiones como la rehabilitación de este mercado.
En definitiva, entendemos que el Mercado de Calatrava podría suponer un espacio idóneo para el fomento del pequeño comercio, frente al monopolio de las grandes superficies, a partir de una política municipal dirigida a la promoción de la economía local, genere empleo, que pague impuestos y generen beneficios en nuestra ciudad.
Por todo ello, entendemos que el gobierno municipal está mostrando un perfil bajo a la hora de defender los intereses de nuestra ciudad frente a la Junta de Extremadura.
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