El acceso al suministro de servicios básicos, como el agua potable, la electricidad o el gas se ha convertido en uno de los principales problemas para muchas familias debido a los efectos de la crisis y el constante aumento de los precios que imponen un grupo de empresas que controlan el mercado en beneficio propio, por lo que resulta de la mayor importancia adoptar medidas que garanticen la efectividad del acceso a estos servicios.
La variedad de las circunstancias en las que se desarrolla la vida de cada familia provoca todo tipo de situaciones que dificultan la obtención de una perspectiva global de esta cuestión, por lo que el conocimiento previo de aspectos como el número y las causas que originan los cortes que se han llevado a cabo en el suministro de agua potable se convierten en un dato del mayor interés.
Por otra parte, la existencia de enganches ilegales a la red de suministro de agua muchas veces encuentra su causa en la falta de operatividad de los mecanismos existentes para garantizar el acceso al servicio de agua potable en beneficio de los grupos de población con menores recursos. Esta circunstancia finalmente se traduce en situaciones de exclusión social, de difícil solución una vez que se inicia el deterioro de las condiciones de vida del núcleo familiar.
El suministro de agua potable es servicio esencial para el normal desenvolvimiento de la vida cotidiana de las familias, por lo que se hace necesario que su regulación se adapte a las necesidades de la población, en un momento en el que la capacidad económica de los trabajadores se ve gravemente disminuida por la crisis económica que sufrimos desde finales de 2008.
Debemos señalar que el reglamento del servicio de suministro de agua potable indica que los cortes en el suministro estarán sujetos a autorización por parte de las autoridades municipales, como titular del servicio.
Por todo ello, instamos al equipo de gobierno a que facilite con la máxima prontitud la información relativa a una cuestión que consideramos vital para evaluar la situación de las condiciones de vida de las familias en situación de exclusión, o riesgo de exclusión, y poner en marcha las medidas adecuadas para solucionar esta problemática.
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