Las normas que regulan el funcionamiento de la concesión del servicio de autobuses urbanos señalan que el día 01 de junio de cada año, debe iniciarse el servicio de autobuses que realiza el proyecto desde el Paseo de Roma hasta Proserpina, pese a ello, este año la empresa no ha puesto en marcha esta línea hasta el día 15 de junio.
El retraso en el inicio de este servicio supone un incumplimiento de las normas que regulan este servicio, y que son de obligado cumplimiento para la empresa, mientras que el control sobre el respeto del mismo se reserva a favor del Ayuntamiento.
Este retraso no solo supone un infracción de los deberes de la empresa, si no además un ahorro para la misma, ya que durante un periodo de quince días no ha tenido que asumir los costes de este servicio.
Así, la retribución percibida por la empresa se calculó en su momento en función del coste de los servicios que debía desempeñar, por lo que el incumplimiento impune de la empresa de los servicios concedidos supone un perjuicio para el ciudadano y un beneficio para la empresa que ha asumido su gestión tras la privatización.
En estos términos, resulta sorprendente el hecho de que una vez constatado el incumplimiento, el gobierno local haya decidido encubrir y justificar la posible infracción de la empresa, en lugar de desempeñar el papel que le atribuyen la legislación como órgano de fiscalización y control de las normas que regulan la privatización del servicio.
Por todo ello, instamos al equipo de gobierno a que respete la legislación vigente, tramite el procedimiento iniciado desde nuestro grupo municipal y muestre mayor empuje a la hora de exigir a las empresas que gestionan los servicios públicos que asuman el cumplimiento de los deberes que les corresponde.
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