Izquierda
Unida-Mérida afirma que la adopción del tercer plan de pago a proveedores
impuesto por el gobierno de la nación, y apoyado por el gobierno municipal, no
soluciona ninguno de los problemas que sufren los proveedores, y el Ayuntamiento.
El hecho de que en apenas dos años se haya acudido a
la puesta en marcha de tres plantes de pago a proveedores pone de manifiesto
que tal mecanismo no supone un instrumento válido para atajar el problema de
deuda que sufren las Entidades locales, hasta el punto de que no la elimina,
sino que la incrementa, tanto es así que el importe total sujeto al primer plan
de proveedores, que aglutinaba el importe íntegro de la deuda municipal a
comienzos de 2012 fue cercano a los 25
millones, mientras que sólo en los primeros nueve meses de 2013 ya alcanzó la cifra de 9.630.375,02€.
La adopción de este instrumento supone la asunción,
en un primer momento, de la deuda municipal por parte de la Administración
General del Estado, que más tarde deberán devolver cada uno de los
Ayuntamientos al Estado mediante la concesión de los correspondientes créditos
autorizados por las distintos bancos y cajas de ahorro.
Así, la aprobación de estos planes convierte la
deuda contraída por las entidades locales con sus proveedores, en una nueva
deuda en forma de deuda financiera contraída con los bancos que financian los
diferentes créditos, por lo que a la cantidad inicial finalmente deberemos
sumarle, el importe que se deduzca de la aplicación de los intereses
correspondientes a los créditos concedidos, y que en esta ocasión pueden
suponer un coste adicional de unos 500.000 euros a las arcas municipales.
De este modo, si bien las empresas que desarrollan
su actividad con el Ayuntamiento perciben las cantidades adeudadas, debemos
señalar que la recurrencia con la que se que caracteriza este tipo de proceso
pone de manifiesto el fracaso de una medida que desde el principio se planteó
bajo el principio de excepcionalidad.
Queremos señalar, por otra parte, que la relación de
facturas incluidas en cada uno de los pagos requiere que las mismas no hayan
sido abonadas en el periodo legalmente establecido por la ley, por lo que la
aprobación de este tipo de medidas supone un claro reconocimiento de un
incumplimiento previo del Ayuntamiento de Mérida, en este caso, y por tanto, de
las terribles carencias que sufre la política municipal del Partido Popular en
materia de financiación local.
Finalmente, es necesario subrayar, que en todos los
procesos de esta naturaleza, una buena parte del dinero empleado tiene como
destinatario a las grandes multinacionales concesionarias de los distintos
servicios públicos, en este caso FCC, -que en 2012 obtuvo beneficios superiores
a 40 millones de euros-, lo que evidentemente relativiza el impacto de este
tipo de medidas sobre el pequeño negocio local.
Por todo ello, podemos concluir que la aprobación de
este tipo de iniciativas tan sólo provocan el aumento de la deuda municipal y
del volumen de negocio de las entidades de crédito, mientras no establece
garantías de cobro a favor de los proveedores que sufren los retrasos
protagonizados por la administración municipal
Fdo: Álvaro Vázquez Pinheiro.
Portavoz de IU-Mérida.
En Mérida, a 12 de noviembre de 2013
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