Izquierda
Unida-Mérida considera que los requisitos establecidos para la adjudicación de
viviendas de promoción pública para las familias que no disponen de medios para
procurarse de una vivienda en el mercado inmobiliario imposibilita el acceso a
la oferta de vivienda pública para todas aquellas familias que carecen de
ingresos.
La normativa que regula la adjudicación de viviendas
de promoción pública, y que por tanto determina el régimen jurídico de
participación en los procesos como el gestionado en la actualidad por el
Ayuntamiento de Mérida, establece un nivel de ingresos mínimos para poder
solicitar una vivienda en cualquiera de los procedimientos que se ha convocado
desde la Junta de Extremadura, ,una cantidad que el artículo 7.1.b) del Decreto
115/2006, de 27 de junio, fija en el 80% del IPREM.
La consecuencia más inmediata de esta situación es
la exclusión del proceso de adjudicación
de aquellas familias con todos sus miembros en situación desempleo, que
no
perciban ningún tipo de ingreso regular y que debido la falta de
ingresos se
ven obligados a alojarse en las viviendas de sus familiares más
próximos, lo que además supone la exclusión de las supuestos que
permiten el acceso a la Renta Básica de Inserción Social, y por tanto el
cierre de un procedimientos administrativo que provoca el ostracismo
social y económico de los afectados.
El aumento de las dificultades para encontrar un
empleo e insertarse en el mercado laboral supone un callejón sin salida para
todas estas familias que carecen de los ingresos mínimos para optar a una
vivienda pública, y que además tampoco vislumbran a medio plazo la posibilidad
de conseguir un empleo que les permita obtener los ingresos necesarios para
participar en estos procesos de adjudicación de viviendas públicas, y así poder
disfrutar del derecho al acceso de una vivienda en condiciones dignas.
Así,
nos encontramos en un escenario jurídico en el que las
propias normas de las administraciones públicas que regulan el acceso a
los
derechos básicos de los ciudadanos, impiden el ejercicio efectivo de
esos
mismos derechos por parte de quienes más lo necesita, y u n escenario
social en el que existen famlias en las que más de 20 miembros se ven
obligados a convivir en una misma vivienda ante al pasividad de las
diferentes administraciones públicas.
Para IU-Mérida, la acción de la administraciones
públicas no atiende a la realidad sobre la que
se pretende influir, y perpetúa situaciones dignas de escenarios de
subdesarrollo social impropias de un país civilizado que procure el bienestar
de sus ciudadanos.
Por todo ello, instamos a las autoridades
autonómicas para que modifiquen una normativa que impide el acceso a la
vivienda precisamente a aquellos que sufren las situaciones más dramáticas, y
del mismo modo, solicitamos a la delegada de servicios sociales a que haga suyo
esta demanda, con la finalidad de dotar de mayor eficacia y justicia a los
beneficiarios de los procesos de adjudicación que se gestionan desde el propio
Ayuntamiento.
Fdo: Álvaro Vázquez Pinheiro.
Portavoz de IU-Mérida.
En Mérida, a 08 de noviembre de 2013
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