Izquierda
Unida-Mérida ha interpuesto un recurso especial en materia de contratación
administrativa contra el acuerdo de adjudicación de la gestión de los servicios
públicos de recogida de basura, limpieza viaria, transporte y tratamiento de
residuos sólidos y conservación y mantenimiento de zonas verdes, adjudicado por
el Partido Popular a Fomento de Construcciones y Contratas en condiciones que
vulneran la legalidad.
El motivo de la impugnación descansa en algunas de
las condiciones incluidas en los pliegos que regulan los derechos y
obligaciones de las partes y las condiciones de ejecución del servicio que es
objeto del contrato.
Así, según se establece el en apartado 8 del Pliego
de Prescripciones Técnicas, el Ayuntamiento debe asumir durante los próximos
doce años el coste del gasto de agua en incurra la empresa en la
realización del riego de las zonas
verdes de la ciudad, lo que supone que la empresa adjudicataria dispondría
gratuitamente del agua que utilizase para llevar a cabo este servicio, y todo
ello a costa de las arcas municipales.
El agravio comparativo que produce la actuación del
equipo de gobierno se manifiesta en el hecho de que si algún particular no
abona la factura del agua,
inmediatamente se le exige el pago de la deuda, o de lo contrario pierde el
derecho a recibir el servicio, y se le corta el agua; mientras, que en este
caso, no sólo no se le exige el pago del agua a una multinacional con ingresos
multimillonarios, sino que además se convierte en una obligación del
Ayuntamiento cargar a las arcas municipales el gasto que genere por este
concepto.
Esta situación implica un incumplimiento de la ley
del artículo 9 de la ley de haciendas locales y de la propia ordenanza
municipal que regula la tasa del agua, que establecen que sólo por ley podrán
establecerse exenciones al pago del agua, sin que en ningún momento la
legislación actual capacite al Ayuntamiento para aprobar una exención en los
términos que hemos señalado
Para IU-Mérida resulta escandaloso que el
Ayuntamiento esté dispuesto a asumir gastos que corresponden pagar a una
empresa, que tras la adjudicación de el contrato recibiría más de 6.000.000 de
euros al año por la prestación de este servicio.
Debemos señalar que la aprobación de los pliegos, y
del conjunto de la documentación previa
que constituye del expediente de contratación es competencia del propio
órgano de contratación, es decir el gobierno de Pedro Acedo, que forma
consciente y voluntaria a introducido en el clausulado del contrato
disposiciones que contravienen los intereses municipales, en beneficio de la
empresa concesionaria.
Finalmente, queremos expresar que la presentación de
este recurso tiene como objetivo la salvaguarda de los intereses municipales, y
la protección de la legislación vigente y el resto del ordenamiento jurídico.
Fdo: Álvaro Vázquez Pinheiro.
Portavoz de IU-Mérida.
En Mérida, a 09 de abril de 2014
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